Objetivo de la carrera:


Formar profesionales altamente capacitados para el ejercicio en los diversos campos de aplicación jurídica, provistos de las competencias necesarias para responder a la dinámica de transformación de las leyes y sus reglamentos; a las demandas regionales y nacionales; la investigación jurídica; el manejo de la oralidad en el sistema de justicia, dominio en los medios alternativos de solución de controversias; con el fin directo y principal de que se comprometan en la promoción de la justicia social, siendo agentes de cambio de la sociedad.


¿Qué podré hacer al terminar la carrera?


· Manejar casos civiles, penales, laborales, administrativos y de cualquier índole jurídica en los tribunales competentes.

· Elaborar contratos, convenios, constitución de sociedades o cualquier otro acto jurídico similar.

· Aplicar el derecho en la satisfacción de necesidades del entorno, en forma correcta y justa, en la solución de cualquier controversia jurídica.

· Asesorar en los despachos jurídicos.

· Aplicar las normas que regulan el proceso a través del cual se solucionan los litigios que versan sobre la interpretación o aplicación de normas sustantivas civiles.

 

¿Qué es un licenciado en Derecho?


Es un profesional con un profundo compromiso ético con la justicia, ejerce la práctica del Derecho contribuyendo a la aplicación del Estado de Derecho mediante la representación legal, el litigio, asesoría jurídica, docencia o la investigación.

 

¿Cuál es la importancia del licenciado en Derecho?


El Licenciado en Derecho tiene un papel importante en el desarrollo social, ya que responde a las necesidades de resolver los conflictos sociales de manera ordenada, aplicando normas jurídicas y haciendo prevalecer la justicia y la equidad?.

 

Áreas donde se podrá desempeñar:


· En despachos jurídicos que atienden procesos de derecho civil, penal, mercantil, laboral, administrativo.

· En organismos internacionales, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales e instituciones educativas.

· En instituciones bancarias, notarías, dependencias federales como Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Secretaría de Relaciones Exteriores y Ayuntamientos.

· En áreas judiciales federales y locales.


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